Golpe a la economía colombiana por exportaciones de animales en pie

-Presidente de Frigoríficos de Colombia, Álvaro Urrea, hace un llamado al Gobierno Nacional para que se regule la exportación de animales en pie por causar fuertes perjuicios a la economía colombiana y al sector cárnico.

-Exportación de 20 mil animales en pie, afecta cerca de 40 mil empleos en Colombia. Al año se exportan en promedio 80 mil animales en condiciones no aptas, lo que no solo afecta la economía sino las especies de animales.

Un llamado de atención hace el presidente de la Asociación Frigoríficos de Colombia, Álvaro Urrea a las autoridades colombianas para que se regule la venta y traslado de animales en pie a otros países y explicó las graves consecuencias que estas exportaciones traen para la economía del país y para los animales por evidenciarse desafortunados casos de maltrato.

“La exportación de animales en pie solo beneficia al vendedor, en cambio sí trae graves consecuencias para la industria y la economía colombiana”. Así lo explicó Álvaro Urrea, dado un reciente caso de exportación de 20 mil animales en pie. Esta sola venta conlleva a las siguientes consecuencias:

1.      Por la exportación de 20 mil animales en pie, se dejan de otorgar cerca de 40 mil empleos en nuestro país. Estos empleos se generan a los transportadores que trasladan las 20 mil especies de animales dentro del territorio nacional, pero además para mover este nivel de carga, se requieren conductores y ayudantes. Para ser más precisos en la cuenta, un furgón de carne refrigerado carga en promedio 20 animales en canal, lo que significa que para trasladar 20 mil animales se requieren 1.000 vehículos que deben pagar fletes, deben tener conductor y ayudante y deben pagar combustible y peajes.

2.      Un planta de beneficio con capacidad de 300 animales diarios, es decir un promedio de 8.000 a 9.000 animales al mes, emplea 250 operarios directos, lo que se traduce en 250 familias que se benefician de estos empleos hablando solo de este promedio de animales, lo que significa que para beneficiar los 20 mil animales, son 3 meses de trabajo de una planta, es decir cerca de 700 operarios que dejan de emplearse por sacar estos animales del país.

3.      Las plantas de beneficio también generan empleos indirectos como  el transporte para el traslado de sangre, contenido ruminal, la bilis, los productos cárnicos no comestibles como el cebo, la carne canal, la carne despostada, las pieles, los huesos, todo esto requiere vehículos diferentes, todos pagan impuestos, combustibles y seguros en nuestro país.

4.      Una carnicería en nuestro país vende en promedio una res diaria, con una venta promedio de 3 millones de pesos. Para esa carnicería se requiere mínimo un carnicero y un ayudante, lo que en matemática sencilla para comercializar 20,000 animales se requerirían 40.000 personas.

5.      Hablando del tema económico para el sector industrial, si a una planta de beneficio dejan de ingresar 20 mil animales con un pago de una guía que en promedio cuesta $120.000 por animal, significan $2.600 millones de pesos que se dejan de percibir para el movimiento de la economía colombiana.

6.      El Estado también se afecta y no solo las plantas de beneficio porque existe el Fondo Parafiscal con la cuenta carne y leche que recauda en promedio 25 mil pesos por animal, lo que significa que al Fondo le dejan de entrar $500 millones de pesos más otros $500 millones de pesos que se pagan de impuesto de degüello que es de carácter departamental.

En conclusión, sacar sólo 20 mil animales, implica dejar de generar más de 40 mil empleos; por su parte las plantas de beneficio dejan de percibir $2.600 millones de pesos y el Gobierno Nacional y departamental deja de recibir cerca de $1.000 millones, lo que sumado implica $3.600 millones de pesos que deja de recibir el país solo por la exportación de 20 mil animales, lo delicado es que este mismo caso se presenta 4 veces al año, es decir, que ya no se estaría hablando de 20 mil animales sino de 80 mil, lo que sumado resultaría en la pérdida de 160 mil empleos. Las plantas de beneficio dejarían de recibir $10.400 millones, el gobierno nacional y departamental dejaría de percibir cerca de $4 mil millones en impuestos en un año, lo que sin duda genera un impacto negativo en la economía del país sin contar que esta modalidad representa una situación inevitable de maltrato animal.

Otro factor que preocupa a la Asociación Frigoríficos de Colombia, es el posible ingreso de animales por contrabando al país, al poner en riesgo la salud pública por contagio de brote de aftosa de animales provenientes de Venezuela lo cual desde ahora anunciamos que de suceder truncaría de inmediato todos los objetivos de exportación planteados por la Presidencia de la República y obviamente el peor golpe económico para el sector cárnico.

Bienestar animal:

“La exportación de animales en pie, trae riesgos para el bienestar animal ya que no se les da el trato adecuado. Estas especies no están acostumbradas a andar en superficies que no son las de su naturaleza como pastizales o potreros, sino que en los barcos están expuestos a superficies duras afectando sus pezuñas, en estado de confinamiento, estrés y al ser extensiva nuestra ganadería se requiere en promedio una hectárea por animal, lo que se reduciría a un metro por animal, es decir que por alrededor de un mes en mar abierto los animales estarían en condiciones infra animales que no podemos permitir” puntualizó Urrea.

Por todo lo anterior, es necesario que las autoridades regulen la exportación de los animales en pie que solo beneficia al que realiza la venta, aplicándole las normas tributarias de ley para que exista competencia leal, teniendo en cuenta que no existe la prohibición de la venta de estos animales por el libre comercio, aunque desde Frigoríficos de Colombia estamos en total desacuerdo.

Cifras:

Recordó Urrea que cifras de la Polfa evidencian que los capturados por tráfico ilegal de ganado en pie desde Venezuela pasó de 8 personas en el 2017 a 31 en el 2018 y a 20 en lo corrido del año hasta el 16 de octubre. Por contrabando de carne, la cifra es de 6 personas capturadas en el 2018 y un número igual en el 2019. La extinción de dominio ha operado sobre un total de 64 bienes valorados en 5.010 millones en los 2 más recientes años.

Un hecho a destacar es que gradualmente emerge la frontera con Ecuador en las operaciones de la Polfa con decomisos valorados en $ 2.410.000 de acuerdo con estadísticas 2018 y 2019.

A manera de ejemplo se señala que en los diez primeros meses del año anterior se realizaron 441 operativos, para decomisar 112 kilos de carne por valor de $41.217 millones de pesos. En el mismo periodo se aprehendieron 800 reses valoradas en $ 924 millones, provenientes de los 3 departamentos epicentro del contrabando.

Mediante la estrategia CIIP se pretende fortalecer los 11 puestos de control integral en operación, con efectivos de la Policía, las Fuerzas Militares, el ICA, el Invima y la Armada Nacional, en los cuales se revisa que esté en regla la documentación del ganado en pie y productos perecederos.

La CIIP debe cruzar bases de datos de las instituciones anotadas para auscultar infracciones a las normas y si es necesario intervenir desde el centro de operaciones 24 horas que funciona en el ICA.

Su aumento podría dar inclusive para realizar exportaciones desde Colombia a diferentes mercados internacionales teniendo en cuenta los “ahorros” de la cadena del contrabando que no paga ningún tipo de impuestos, como si lo hacen además en función de la cadena de custodia de la salud pública, los operadores legales de todo tipo de carne. Inclusive, indaga el directivo por el bienestar del ganado en pie que también entra y sale de contrabando.

Las cifras anteriores demuestran parte de la ilegalidad que se vive con el país fronterizo, lo que conlleva un alto riesgo en la condición sanitaria de nuestro país, y que de no tomar las medidas necesarias nos veremos abocados a un problema irreversible en el corto y mediano plazo.

Comunicado a la opinión pública y los medios de comunicación

Comunicado de prensa

Trascendental fallo del Consejo de Estado contra
mataderos clandestinos

·     Sacrifican todo tipo de animales en condiciones no aptas (ilegales), poniendo en riesgo la salud del consumidor

·         Fallo reclama mayor control de INVIMA articulado con Secretarías de Salud y Policía, pudiendo llegar al cierre de las plantas de beneficio animal (PBA), conocidas popularmente como mataderos, e inclusive extinción de dominio y judicialización de implicados.   

·         La Acción Popular interpuesta por la Asociación Frigoríficos de Colombia mediante su fallo ordena a la Policía Nacional “rendir informe inmediato donde se enseñen claramente las actividades y gestiones realizadas y por realizar”, incluyendo la ubicación exacta de los sitios donde se adelanta el sacrificio clandestino, así como los sistemas ilegales de transporte utilizados.

Bogotá, 2 de septiembre de 2019/ El Consejo de Estado, al resolver la apelación a un fallo emitido en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pone en la picota pública a los mataderos clandestinos que sacrifican  todo tipo de animales en condiciones no aptas poniendo en serios peligros la salud del consumidor, y evadiendo el pago de impuestos,  informó Álvaro Urrea Ruiz Presidente Ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia, gremio que interpuso la acción popular que dio lugar al pronunciamiento de fondo.

La máxima autoridad contencioso-administrativa ordena al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), articulado con las Secretarías de Salud y las autoridades de Policía a nivel nacional, a hacer cumplir las normas sanitarias, inclusive decretando el cierre de mataderos o sitios de sacrificio clandestinos.

El fallo aclara y reafirma las competencias y responsabilidades que le asisten al Invima y a la Policía Nacional para frenar la proliferación de plantas clandestinas de sacrificio de animales y el comercio ilegal de carnes, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos de consumo humano, que vulneran la seguridad y salubridad pública de los colombianos, informó Álvaro Urrea Presidente Ejecutivo de la Asociación Frigoríficos de Colombia.

Como apoderado de la Asociación obró su representante legal Luís Fernando Cardozo Lucena, quien interpuso la acción popular en protección de los derechos colectivos vulnerados:  “a diario los colombianos consumen carnes contaminadas con agentes patógenos causantes de múltiples enfermedades”. Agregó que “la falta de inspección, por parte de las autoridades locales o de las entidades territoriales de salud, de la venta al público de carnes, sin control y verificación previa de su procedencia y certificación de inocuidad de la autoridad sanitaria, es una grave y peligrosa omisión. La ley exige identificar a los propietarios y el tipo de especie vendida para evitar engaños al consumidor como sucede, por ejemplo, con el ingreso de equinos y asnos enfermos que son sacrificados”.

Jorge Quintero Pimentel, presidente de la junta directiva de la Asociación Frigoríficos de Colombia, declaró que “aparte de las 524 plantas de beneficio, desposte y desprese registradas y autorizadas por el Invima hasta 2018, en el país operan centenares de mataderos clandestinos que no cumplen los estándares higiénicos y medio ambientales de ley. El Invima contaba a la fecha de la acción popular a nivel nacional con 281 inspectores que actúan sobre plantas legales, situación que hace ineficiente la misión de este organismo en defensa de los derechos colectivos reclamados”.

El Invima argumentó ante el alto tribunal que carece de competencia para inspeccionar, vigilar y controlar espacios físicos ilegales y clandestinos dedicados al sacrificio de animales para abasto público por lo que no pueden ser calificados técnica, legal o legítimamente .Agregó que “si bien tiene competencias para la inspección, vigilancia y control de plantas de beneficio, desposte, desprese y derivados cárnicos, estas solo se ejercen sobre los establecimientos que actúan en el marco de la legalidad y cuentan con autorización sanitaria”.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al confirmar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sus consideraciones, concluyó:

“El INVIMA, sin lugar a duda, es la autoridad responsable de la operación del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos; y que en función de dicha responsabilidad se articulará con otras autoridades sanitarias y ambientales (Secretarías de Salud de las entidades territoriales) para coordinar los mecanismos de integración de los diferentes programas y acciones dentro del ámbito del sistema.

A la Policía Nacional, en definitiva y acorde a la normativa, le corresponde identificar todos aquellos sitios donde de manera clandestina o ilegal se realizan o llevan a cabo actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso, cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y derivados cárnicos dispuestos para el consumo humano en condiciones que ponen en riesgo la seguridad y la salubridad públicas.      

La falta de vigilancia integral, inspección y control por parte de las autoridades  (dispuesta en diferentes normativas), ha traído como consecuencia, la venta libre de los productos antes mencionados (al público en general o al por menor) sin ninguna clase de restricción o cortapisa por parte de las autoridades locales y entidades territoriales de salud.   

Existe un desconocimiento de procedencia y certificación de inocuidad, para el consumo humano, por falta del correspondiente sometimiento e inspección sanitaria de los mentados productos, en su proceso previo. 

Se presenta una clara y palmaria omisión en la obligación de inscripción y en el respectivo registro, de tales centros y establecimientos de beneficio animal, de índole ilegal o “clandestina”.  

Concurre un transporte libre y sin control de carnes y canales, omitiendo el mandato legal de la inscripción y el registro, de todo tipo de vehículo transportador, sin que se presenten al menos inspecciones semestrales, por parte de las entidades territoriales de salud, en articulación con el INVIMA. 

Milita una clara omisión en el control, por parte de las autoridades policivas y administrativas, para hacer respetar las áreas de operación territorial permitidas a las plantas de sacrificio animal autorizadas por el INVIMA, según su categoría o nivel de cumplimiento sanitario.

Hay una omisión en la estructuración y puesta en funcionamiento de planes conjuntos de medidas de control (previstos en las diferentes normativas), por parte de los comités departamentales, regionales y de la Comisión Nacional Intersectorial para la Coordinación y Orientación Superior del Beneficio de Animales, destinados para el Consumo Humano en Colombia. 

Existió, efectivamente, y aún persiste, la transgresión de los derechos e intereses colectivos atinentes a la seguridad y salubridad públicas (consagrados en el literal g del artículo 4º de la Ley 472 de 1998) de todos los habitantes del territorio nacional, y que fueron amparados por el a-quo en su decisión de primer grado”.

El Consejo de Estado insta a INVIMA y a Policía Nacional para que, en el marco de sus competencias y en observancia de la normativa analizada, continúen dando cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de primera instancia y, así mismo, adopten todas las medidas y gestiones que sean necesarias, para efectos de salvaguardar los derechos y garantías colectivas que son objeto de protección constitucional en la presente sentencia de segundo grado.”

Igualmente que “realice los diferentes estudios técnicos para efectos de establecer las dificultades que tenga dicho ente, en lo que al cubrimiento de la totalidad del territorio nacional se refiere, para que cese o disminuya, notablemente, la vulneración y amenaza a los derechos e intereses colectivos objeto de amparo; estableciendo u obteniendo un diagnóstico real y verídico sobre las condiciones necesarias para obtener la vigilancia y control con la cobertura deseada, en aras de generar una mayor efectividad en las citadas tareas.”

Finalmente a la Policía Nacional, como quiera que a esta le corresponde identificar todos aquellos sitios donde de manera clandestina se realizan actividades de sacrificio, comercialización, transporte y, en todo caso, cualquier situación irregular en el proceso de desposte, desprese de carnes y derivados cárnicos, dispuestos para el consumo humano, en condiciones que pongan en riesgo la seguridad y salubridad públicas que, en el marco de sus competencias y al tenor de los deberes que la normativa le imponen, le ORDENA “efectuar el cierre y/o clausura definitiva de todos aquellos lugares y establecimientos de beneficio animal ilegal que no cumplan a cabalidad con las exigencias sanitarias, así como, de igual forma, compulse copias para efectos de las eventuales investigaciones penales a las que haya lugar, en el ejercicio de sus funciones y deberes legales. Aunado a ello, y una vez ejecutoriada la presente providencia, deberá rendir informe inmediato donde enseñe claramente las actividades y gestiones realizadas y por realizar, con la finalidad de dar plena observancia a la presente orden.”

De acuerdo con lo anterior, el estado ha generado mediante este fallo, herramientas que deben ser aprovechadas por las instituciones y autoridades del sector para que de manera articulada trabajen contra el flagelo de la ilegalidad y garanticen a la población el consumo de proteínas de origen animal nutritivo y saludable.

A la acción incoada por el gremio de los frigoríficos se sumaron como coadyuvantes en su momento la Asociación Colombiana de Porcicultores (Pork Colombia), la Asociación Colombiana de Industriales de Carne y la Federación Nacional de Avicultores (FENAVI).